La sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley de reforma constitucional que consagra la elección democrática de los intendentes.

De este modo, tras dos años de tramitación, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dando así cumplimiento a uno de sus compromisos programáticos más relevantes, ahora quedan pendientes tres leyes que se ven en forma simultánea, el traspaso de competencias, la ley electoral y una ley de financiamiento regional.

Cristián López Montecinos, señaló: “Este proyecto va a provocar un cambio significativo en el modelo de administración del Estado y en la forma en que el país va a mirar a sus regiones. Es así como la nuestra región de Aysén valora que, en estos dos años, hayamos sido capaces de hacer un debate muy importante sobre el lugar que tendrán las regiones en nuestro proceso de desarrollo y en este contexto, es muy valioso que se haya producido una gran convergencia en torno a la necesidad de descentralizar el país”.

El gobernador de Coyhaique, agregó: “La aprobación de esta reforma es un hito en nuestra historia constitucional. Hemos logrado reponer esa disposición en cuanto a tener autoridades ejecutivas electas. Ahora, el Gobierno se abocará a complementar este proyecto trabajando duro para que, en noviembre de 2017, la ciudadanía pueda elegir a los futuros gobernadores regionales”.

El gobernador regional será la cabeza del órgano Ejecutivo del Gobierno Regional y, además, será quien presida el Consejo Regional. La autoridad será electa con, al menos, un 40% de los votos. De lo contrario, habrá segunda vuelta entre las dos primeras mayorías. En la misma línea, la nueva autoridad ejercerá su cargo por un período de cuatro años y tendrá la opción de ser reelecto en el periodo siguiente.

Además de la figura del gobernador regional se creará el cargo de Delegado Presidencial Regional y el Delegado Presidencial Provincial, a quien le corresponderá la supervigilancia de los servicios públicos nacionales no descentralizados.